Pachuca, Hidalgo.- El diputado Leonel Perusquía Muedano presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para brindar certeza jurídica a los 84 ayuntamientos del estado y fortalecer la independencia de sus órganos internos de control.
Durante su intervención, explicó que la legislación establece que la persona titular del órgano interno de control puede ser removida por mayoría de votos del ayuntamiento cuando existan causas graves; sin embargo, advirtió que actualmente existe falta de precisión sobre quién debe determinar jurídicamente la existencia de dichas faltas.
Perusquía Muedano señaló que esta situación puede generar diferentes interpretaciones entre los municipios e incluso llevar a que un cabildo considere que una denuncia, informe o señalamiento es suficiente para determinar una falta grave y proceder directamente con la remoción.
El legislador sostuvo que la votación de un ayuntamiento no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad y que los cabildos tampoco pueden sustituir a las autoridades encargadas de investigar y resolver las faltas administrativas graves.
La propuesta busca establecer una ruta clara: que los hechos sean investigados conforme a la legislación, se garantice el derecho de audiencia y defensa y sea el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo el encargado de determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción correspondiente.
Cuando exista una resolución firme que establezca la destitución, el cabildo deberá formalizar la remoción mediante mayoría de votos y la autoridad municipal competente ejecutar la determinación.
Perusquía Muedano aclaró que la iniciativa no pretende otorgar inmunidad ni proteger posibles irregularidades cometidas por titulares de los órganos internos de control, sino garantizar que cualquier separación del cargo se encuentre sustentada en un procedimiento legal.
También destacó que estos órganos tienen entre sus responsabilidades vigilar la administración municipal, fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos, prevenir irregularidades e investigar posibles responsabilidades, por lo que requieren independencia técnica y condiciones que les permitan desempeñar sus funciones sin presiones.
Advirtió que permitir que las mismas autoridades sujetas a vigilancia determinen por sí solas la gravedad de una conducta y remuevan a quien las fiscaliza puede representar un riesgo de parcialidad y politización.
Asimismo, señaló que una destitución realizada sin competencia, audiencia o una resolución firme podría ser impugnada, anulada y generar consecuencias legales y económicas para el propio municipio.
“La propuesta no invade la autonomía municipal ni elimina la votación del ayuntamiento; por el contrario, ordena las competencias que ya existen”, afirmó.
Finalmente, Perusquía Muedano sostuvo que la reforma busca evitar interpretaciones contradictorias, fortalecer la legalidad de las decisiones municipales y proteger tanto a los ayuntamientos como a sus instituciones de fiscalización.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis.
