La iniciativa de reforma a la Constitución en materia de pensiones garantizará la entrega al 100 por ciento del último salario obtenido por trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la modificación a la Carta Magna aplicará para trabajadores de 65 años que cumplen con los requisitos y se pensionen una vez aprobada la reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Favorece a personas adscritas al IMSS que hayan comenzado a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 y empleados afiliados en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales a partir del 1° de abril de 2007.
“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, mencionó la titular de la Segob.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar del Gobierno de México asegurará la pensión por un salario promedio de 16 mil 777 pesos, en el caso de las y los derechohabientes del IMSS.
El instrumento de financiamiento partirá de un capital semilla de 64 mil millones de pesos que no compromete los ingresos del país. Para consolidarlo se emplearán:
Recursos de operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Cobro de adeudos de entidades públicas con el ISSSTE, IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit.
Los recursos complementarios posteriores de este fondo serán resultado de:
Liberación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ahorros de la extinción de organismos creados para proteger la corrupción durante el periodo neoliberal. Esta medida es parte de una iniciativa de reforma adicional que postula la eliminación de duplicidad de funciones.
Utilidades generadas hasta por el 25 por ciento de las empresas parestatales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Capitalización de los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La funcionaria expuso que la iniciativa de reforma a la Constitución de 2024 en materia de pensiones revierte efectos perjudiciales provocados por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo del 1º de julio de 1997 y de Felipe Calderón del 1° de abril de 2007, las cuales deterioraron los ingresos de las y los jubilados.
Las modificaciones en sexenios anteriores no consideraron la verdadera dinámica del mercado laboral del país ni las necesidades de la plantilla laboral.
Por ejemplo, la Ley IMSS de 1973 contemplaba 500 semanas de cotización, es decir, 10 años. Con la reforma de 1997 el requisito se incrementó a mil 250 semanas, lo que equivale a 24 años de cotización. De esta forma, cientos de miles de trabajadores quedaron excluidos de una pensión por el aumento de condiciones de un día para otro.
El 44.6 por ciento de las personas incorporadas a la Ley del IMSS de 1973 lograron una pensión, mientras que sólo el 25 por ciento de las y los inscritos regidos por la Ley IMSS de 1997 alcanzaron esta prestación.
A consecuencia de la Ley IMSS de 1997, las y los trabajadores que, después de cumplir con la alta cuota de semanas de cotización, perciben sólo un 27 por ciento en promedio de su último salario y la Ley ISSSTE de 2007 provoca que trabajadores al servicio del Estado reciban el 60 por ciento del salario base de cotización al retiro.
El titular del Ejecutivo puntualizó que al momento de que la medida de pensiones completas se eleve a rango constitucional tendrá un efecto benéfico en el incremento de los salarios.
Primeros logros del Gobierno de la 4T en materia de pensiones
En 2020, el Gobierno de la Cuarta Transformación consiguió una mayor aportación patronal que alcanzará el 13.9 por ciento en 2030 gracias al apoyo del sector empresarial.
Además, impulsó la reducción de las comisiones de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), lo que permitió un ahorro de 160 mil millones de pesos en beneficio de las y los trabajadores, destacó el presidente López Obrador.
“En México cobraban muchísimo más de comisiones las AFORES que en otros países, entonces en la ley nueva que presentamos establecimos que se iba a reducir el cobro de comisiones considerando un equilibrio de lo que se cobra en Chile, en Colombia y en Estados Unidos, el promedio”, abundó el jefe del Ejecutivo.
La reforma de 2020 también consiguió la disminución de mil 250 a 750 semanas cotizadas en 2021 y de mil semanas para 2030, así como la pensión garantizada por el gobierno con base en el salario mínimo, recordó la secretaria Alcalde Luján.
Estas modificaciones legales elevaron el porcentaje de pensión otorgada por el IMSS, la cual pasó de 27 por ciento a 64 por ciento del salario alcanzado de los trabajadores. El 93 por ciento de quienes se pensionaron entre enero de 2021 y septiembre de 2023 se beneficiaron de esta iniciativa, acotó la titular de Segob.
“De no haber hecho esta reforma en 2020 hubieran quedado excluidos de este derecho”, expresó la secretaria de Gobernación.
Acompañaron el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López y los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez.
