Pachuca, Hidalgo.- En sesión del Congreso del Estado de Hidalgo, el diputado Aldo Meza Hernández dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 148 del Código Penal estatal, con el objetivo de tipificar como delito grave el homicidio culposo cometido por personal del transporte público de pasajeros o escolar.
Durante su intervención, el legislador destacó que quienes operan este tipo de transporte tienen una responsabilidad especial, ya que trasladan vidas humanas, particularmente en el caso del transporte escolar, donde se trata de niñas, niños y jóvenes.
Señaló que México enfrenta una crisis de seguridad vial, al ocupar el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en América Latina en muertes por siniestros viales, con un promedio de 24 mil decesos al año. Indicó que los grupos más vulnerables son jóvenes de entre 15 y 29 años, así como niñas y niños de 5 a 15 años.
En el caso de Hidalgo, informó que en 2024 se registraron 255 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 13.8% respecto a 2023, siendo el exceso de velocidad una de las principales causas, especialmente en unidades de transporte público.
El diputado explicó que actualmente el Código Penal estatal no considera grave el homicidio culposo en estos casos, con penas que van de 3 a 12 años para transporte de pasajeros o escolar, y de 2 a 10 años en otros casos, lo cual no corresponde a la magnitud del daño ni a lo establecido en el Código Penal Federal.
La iniciativa plantea tres objetivos: sancionar con mayor severidad la pérdida de vidas, inhibir conductas negligentes y prevenir la impunidad.
Asimismo, propone aumentar las sanciones y establecer una definición de “culpa grave” dentro del Código Penal, incorporando criterios como la previsibilidad del daño, el deber de cuidado, la reincidencia, el tiempo para actuar y el estado del equipo de transporte.
Finalmente, el legislador señaló que la responsabilidad no recae únicamente en los conductores, sino también en empresas y propietarios que incumplan con estándares de seguridad y mantenimiento. Subrayó que la iniciativa no representa impacto presupuestario y busca garantizar derechos fundamentales.
