Pachuca, Hidalgo.– Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa para reformar el último párrafo del artículo 301 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el propósito de fortalecer las sanciones contra servidores públicos que omitan registrar de manera inmediata una detención o que proporcionen información falsa en dichos registros.
La propuesta fue presentada por el diputado Juan Pablo Escalante Urbán, quien explicó que la reforma busca cerrar un vacío legal que actualmente permite que este tipo de conductas queden sin una sanción específica dentro del delito de abuso de autoridad.
Durante su intervención, el legislador señaló que el servicio público debe regirse por principios de legalidad, justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos, por lo que consideró indispensable establecer mecanismos que eviten abusos de poder y garanticen la protección de la ciudadanía.
Escalante Urbán advirtió que la omisión en el registro de una detención o la alteración de datos representan una vulneración a los derechos de las personas, además de generar condiciones de indefensión y afectar el acceso a una justicia pronta y expedita.
La iniciativa plantea incorporar una nueva fracción al régimen de punibilidad aplicable al delito de abuso de autoridad, a fin de que estas conductas sean sancionadas de manera expresa y proporcional.
El legislador destacó que, si bien la mayoría de las personas que laboran en el servicio público desempeñan sus funciones de manera responsable, existen casos en los que se utilizan cargos y atribuciones para beneficio propio o en perjuicio de la ciudadanía, situaciones que, dijo, no deben ser toleradas.
La propuesta es suscrita por las diputadas Hilda Miranda Miranda, Lizbeth Iraís Ordaz Islas, Alma Rosa Elías Paso, Diana Rangel Zúñiga y Paloma Barragán Sánchez, así como por los diputados Andrés Velázquez Vázquez, Miguel Ángel Moreno Zamora, Jorge Argüelles Salazar, José María Alejandro Pérez Ramírez, Arturo Gómez Canales y Juan Pablo Escalante Urbán.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.
