Pachuca de Soto, Hidalgo.- El diputado José Luis Rodríguez Higadera presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer las sanciones aplicables al delito de violación cuando sea cometido mediante el aprovechamiento de un cargo público, empleo o ejercicio profesional.
La propuesta contempla reformar la fracción V y adicionar la fracción XI al artículo 181 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, a fin de establecer con mayor claridad las circunstancias agravantes relacionadas con el abuso de autoridad, confianza o poder.
Durante su intervención, el legislador explicó que, además de las penas de prisión correspondientes, se propone la destitución del cargo o empleo público, o la suspensión por cinco años del ejercicio profesional, según corresponda.
En el caso de profesionistas que brinden atención o servicios a niñas, niños y adolescentes, el periodo de suspensión se duplicaría, alcanzando hasta diez años.
Asimismo, la iniciativa plantea establecer como agravante independiente que el delito de violación sea cometido por un ministro de culto religioso, con la finalidad de diferenciar este supuesto de aquellos relacionados con el ejercicio de funciones públicas o profesionales.
Rodríguez Hgareda señaló que determinadas profesiones permiten acceder a espacios privados, información sensible y situaciones de confianza o dependencia, circunstancias que pueden ser aprovechadas para cometer este tipo de delitos.
El diputado destacó que la propuesta tomó como referencia una reforma al Código Penal Federal publicada el 27 de marzo de 2024, mediante la cual se fortalecieron las consecuencias jurídicas para quienes cometan violación aprovechándose de su cargo, empleo o profesión.
Finalmente, sostuvo que la libertad y seguridad sexual son derechos vinculados con la dignidad humana, la autonomía corporal y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que consideró necesario contar con disposiciones legales más claras para sancionar las conductas que impliquen abuso de poder o confianza.
La iniciativa busca fortalecer la protección de las víctimas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, mediante una mayor precisión en las circunstancias que agravan el delito de violación.
