Pachuca de Soto, Hidalgo.– Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el diputado José Luis Rodríguez Higareda presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, con la finalidad de ampliar las causales de pérdida de la patria potestad cuando exista abandono o incumplimiento grave de las obligaciones parentales.
Desde tribuna, el legislador señaló que la propuesta responde a la necesidad de eliminar disposiciones que limitan la actuación del Estado para salvaguardar el interés superior de la niñez, al considerar que la legislación vigente deja sin protección diversos casos en los que las personas menores de edad son abandonadas, pero permanecen bajo el cuidado de familiares o personas cercanas, sin ser canalizadas a un centro de asistencia social.
Rodríguez Higareda explicó que actualmente la fracción primera del artículo 242 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo establece como causal de pérdida de la patria potestad el abandono o la exposición por más de seis meses consecutivos, siempre que la niña, niño o adolescente se encuentre en una institución de asistencia. Sin embargo, afirmó que esta condición excluye múltiples escenarios que se presentan en la realidad.
Ante ello, propuso modificar dicho ordenamiento para establecer tres supuestos específicos: la pérdida de la patria potestad por la exposición de la persona menor de edad; por el abandono durante más de seis meses consecutivos, y cuando alguno de los progenitores deje de convivir de manera injustificada con su hija o hijo por el mismo periodo.
El diputado argumentó que la reforma encuentra sustento en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el principio de protección reforzada de la infancia, el cual obliga al Estado a privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier otro interés cuando sus derechos se encuentran en riesgo.
Asimismo, destacó que la propuesta armoniza la legislación de Hidalgo con la que ya opera en la mayoría de las entidades federativas, fortaleciendo los mecanismos legales para garantizar el cuidado, la protección y el desarrollo integral de la niñez.
