En sesión del Congreso del Estado de Hidalgo, el diputado José Luis Rodríguez Higareda presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el párrafo primero del artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con el objetivo de reconocer de manera expresa el derecho de este sector a vivir y desarrollarse en una familia, independientemente de su origen biológico.
Durante su intervención, el legislador señaló que la propuesta busca garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes bajo los principios del interés superior de la niñez, igualdad y no discriminación, además de armonizar la legislación estatal con el marco constitucional y los tratados internacionales vigentes en el país.
Explicó que la iniciativa pretende eliminar interpretaciones restrictivas que limiten el acceso de las personas menores de edad a una familia por razones de consanguinidad, filiación biológica o por modelos familiares no tradicionales, los cuales pueden generar estigmatización.
Rodríguez Higareda indicó que la propuesta se sustenta en el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual obliga a ampliar su protección, así como en lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución federal, que mandata velar por el interés superior de la niñez en todas las decisiones del Estado.
Asimismo, destacó que el concepto de familia ha evolucionado, reconociendo la existencia de distintos modelos como familias adoptivas, extensas, de acogida, monoparentales y reconstruidas, todas con capacidad de garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
El legislador advirtió que aún existen vacíos normativos o interpretaciones limitativas que priorizan el vínculo biológico sobre el bienestar de las personas menores de edad, lo que puede derivar en situaciones de abandono institucional y afectar su desarrollo emocional.
En ese sentido, subrayó que el Estado tiene la obligación de asegurar que ninguna niña, niño o adolescente permanezca sin un entorno familiar adecuado por razones formales o prejuicios estructurales.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
