Molango, Hidalgo.- En el conflicto en la comunidad de Ixcotla, en el municipio de Molango, pobladores y transportistas solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de Hidalgo para hacer valer el interés público por encima de intereses económicos de un pequeño grupo de lugareños que pretendía imponer cuotas que lo mismo incluían peajes, entrega de dinero, donaciones de terrenos y pagos de recibos a particulares.
El sábado, luego de un enfrentamiento físico entre los integrantes de las dos partes, los involucrados solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, acción que en todo momento contó con la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Seguridad Pública del estado pudo poner fin a un conflicto que afectó por días a miles de habitantes de la región, provocó la determinación de un “paro técnico” por parte de la minera y afectaciones sobre la vida diaria del propio municipio de Molango.
Desde el inicio del conflicto, el gobierno del estado planteó a la minera Autlán la necesidad de mejorar las acciones de solidaridad en beneficio de las comunidades donde por años ha venido operando, pero también se demandó al grupo que bloqueaba la carretera sensibilidad para no afectar al menos a 4 mil personas que diariamente se veían afectadas.
Los integrantes de ese grupo habían dirigido el 21 de julio pasado un escrito a la minera Autlán en el que planteaban 11 puntos, todos sus requisitos eran excesivos y personales, excluyendo al resto de comunidades en sus exigencias.
A lo largo de éste, como de otros conflictos, el gobierno del estado ha reiterado su convicción de privilegiar el diálogo y la negociación como vía de solución para cualquier problema, pero también ha refrendado que en todo momento su actuación estará estrictamente apegada a la ley y bajo el principio de privilegiar el interés del pueblo por encima de los de cualquier grupo.
Sobre los hechos ocurridos el sábado 15 de octubre, el Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad informa:
• Monitoreó que las acciones emprendidas por las diferentes instituciones del Estado estén apegadas a la legalidad y al marco jurídico existente, privilegiando la vida, la seguridad y la dignidad de las personas detenidas. Por ello integrantes del mismo, mantuvieron contacto permanente con algunos de sus familiares,
• Asimismo, manifiestan que el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo contó con el monitoreo permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y fue producto de la petición de los grupos involucrados.
Por lo anterior, el Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad seguirá monitoreando que el o los procesos emprendidos por las Instituciones gubernamentales estén apegados a la ley y la dignidad humana, que se agoten todas las investigaciones sin actos de corrupción y que no exista duda razonable al dictaminar su libertad o su sentencia.
La libertad de expresión es un derecho humano en el que debe resguardarse siempre la dignidad de las personas, por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) realizó en ejercicio de sus funciones, y en observancia a la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la supervisión de la intervención de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En apego al posicionamiento de la Comisión respecto a la utilización de los dispositivos de dispersión observó que en la intervención predominó en todo momento el diálogo y se hizo un uso racional de la fuerza; no se empleó ningún instrumento de uso de la fuerza, incapacitante, letal o menos letal, tal como el gas lacrimógeno, bastón, o armas de fuego.
Durante el hecho se realizó la detención de seis personas quienes pusieron resistencia activa. En este sentido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo reconoce la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo que mostró un ejercicio planificado para la prevención de posibles casos de violencia en dicho acto.
La instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar es privilegiar la paz social e impulsar el desarrollo económico de sus pueblos, es por ello que se concretó un convenio multilateral entre gobierno, sociedad y la minera Autlán, para lograr más y mejores beneficios para todas y todos los habitantes de la sierra hidalguense, donde se contemplan a todas las comunidades con influencia o afectación por parte de esta actividad económica, en coordinación con las diferentes dependencias del estado para lograr así, un verdadero desarrollo incluyente.
