Como resultado del mito que propagan los libros de texto, no resulta extraño que la mayoría de los mexicanos afirmen que Lázaro Cárdenas “decretó la expropiación del petróleo”, pero la verdad es otra: desde 1917 los hidrocarburos ya eran propiedad de los mexicanos, según lo establece el artículo 27° de la constitución que se promulgó ese año; ahí se afirma que el suelo y el subsuelo son propiedad de la nación. La expropiación solo nos hizo dueños de los bienes muebles e inmuebles de las empresas extranjeras: nos adueñamos de los “fierros” porque los hidrocarburos ya eran “propiedad de la nación” de buen tiempo atrás.
Por ello el decreto de 1938 no incrementó sustancialmente el patrimonio petrolero de los mexicanos: los yacimientos que se explotaban, los que se descubrieron tras la nacionalización y los que aún existen ya eran, desde 1917, propiedad de todos los mexicanos.
La única riqueza que entrego Cárdenas fueron las instalaciones, que —según algunos historiadores como Lorenzo Meyer— estaban muy cerca del deterioro, pues las empresas extranjeras habían minimizado las labores de mantenimiento desde la publicación de la Carta Magna de 1917, en la medida en que el artículo 27° ponía en riesgo sus inversiones.
Así mismo resulta inexacto que la expropiación prohibiera la inversión privada en materia petrolera: la idea de entregar la explotación y la refinación de los hidrocarburos a un monopolio estatal que solo obedece las órdenes del presidente en turno y que satisface las ansias de poder y riqueza de uno de los sindicatos más corruptos de nuestro país nunca fue pergeñada por Cárdenas ni por el constituyente de Querétaro: nació cuando Adolfo Ruiz Cortines ordenó la modificación de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para cancelar la participación privada.
Efectivamente, el artículo 27° de la versión original de la Constitución de 1917 y el decreto de expropiación de 1938 no generaron un monopolio, pues la Carta Magna consideraba la posibilidad de que el petróleo fuera objeto de concesiones a particulares mexicanos. Por su parte, Cárdenas estaba de acuerdo en permitir el regreso del capital extranjero en la industria petrolera siempre y cuando respetara la soberanía y la jurisdicción de los poderes federales.
Resulta claro que antes, como ahora, no se contaba ni con la tecnología ni los capitales para explotar nuestro gigantesco patrimonio que, como dijera el poeta, nos lo escrituró el diablo.
La cancelación de la participación privada que decretó Ruiz Cortines provocó la petrolización de la economía y de las finanzas públicas, al extremo de que hoy en día el presupuesto de egresos de la federación depende en un 40% de las exportaciones de crudo.
Esta última verdad me obliga a retomar una interrogante que debe ser resuelta: ¿en verdad él petroleó nos hizo ricos a los mexicanos?
