Pachuca, Hidalgo. El diputado José Luis Rodríguez Higareda presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 86 y adicionar los artículos 86 Bis y 86 Ter de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, con el propósito de establecer un procedimiento claro que deberán seguir los oficiales de tránsito y vialidad al atender hechos de tránsito.
Durante la sesión ordinaria, el legislador explicó que la propuesta busca incorporar al marco jurídico estatal reglas precisas para la actuación de las autoridades, evitando el uso arbitrario de sus atribuciones y garantizando que su desempeño se rija por los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
José Luis Rodríguez señaló que la iniciativa también pretende armonizar la legislación hidalguense con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con los instrumentos internacionales suscritos por México en materia de movilidad segura, seguridad vial y protección de las víctimas.
El diputado destacó que, tras un hecho de tránsito, las personas involucradas se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad, por lo que el Estado debe garantizar una respuesta inmediata, coordinada y eficaz para salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de quienes resulten afectados.
Asimismo, indicó que actualmente la legislación estatal no establece de manera específica las actuaciones mínimas que deben realizar los policías de tránsito, lo que genera incertidumbre jurídica, diferencias en la atención entre municipios y riesgos para la preservación de evidencias durante las investigaciones.
La propuesta contempla definir procedimientos para la actuación inmediata de las autoridades, la preservación del lugar del siniestro, la coordinación con los servicios de emergencia y la protección de las personas involucradas, sin crear nuevas estructuras administrativas ni representar cargas adicionales para las corporaciones.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su estudio y dictaminación.
