Pachuca, Hidalgo.– El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó por unanimidad la reforma a la fracción III del artículo 10 de la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos psicosociales en los centros de trabajo y promover entornos laborales más saludables.
El dictamen fue presentado ante el pleno por el diputado Arturo Gómez Canales, integrante de la Primera Comisión Permanente de Salud, quien explicó que la iniciativa fue impulsada por las diputadas Lizbeth Iraís Ordaz Islas, Hilda Miranda Miranda, Alma Elías Paso y Paloma Barragán Santos, así como por los diputados Andrés Velázquez Vázquez, Juan Pablo Escalante, Miguel Ángel Moreno Zamora, Jorge Arguelles Salazar, José María Alejandro Pérez Ramírez y el propio legislador.
La propuesta, presentada el 30 de marzo de 2026, fue analizada por las comisiones permanentes de Legislación y Puntos Constitucionales y de Salud, las cuales aprobaron el dictamen por unanimidad el pasado 17 de julio, tras realizar un análisis técnico-jurídico con el apoyo del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso y de la Dirección General de Estudios Legislativos del Poder Ejecutivo.
Durante la exposición del dictamen se destacó que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han advertido que factores como la sobrecarga laboral, las jornadas extensas, la violencia en el trabajo y la inestabilidad laboral favorecen el desarrollo de estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos que afectan tanto a las personas trabajadoras como a la productividad y a los sistemas de salud.
Con esta reforma, la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio establece que los programas de prevención deberán contemplar la elaboración de estrategias para prevenir riesgos psicosociales de acuerdo con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, así como la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral.
Asimismo, el dictamen retoma como sustento el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio sobre la Violencia y el Acoso de la Organización Internacional del Trabajo y la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, enfocada en la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.
Tras la discusión, el dictamen fue aprobado por el pleno con 25 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Con ello, se instruyó la elaboración del decreto correspondiente para su envío al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de continuar con el proceso legislativo.
