Pachuca de Soto.- Los migrantes que intenten ingresar a los EE. UU. en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, ahora tendrán que esquivar alambres de púas, tanques del ejército y tropas de la Guardia Nacional de los EE. UU.
Eso se debe a que el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, declaró el estado de emergencia en la ciudad el sábado después de que miles de migrantes cruzaron recientemente la frontera. El gobierno de EE. UU. desplegó esta semana más de 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas, que comenzaron a patrullar el lunes para evitar el cruce de migrantes.
Además del ejército, también se desplegaron tanquetas y camiones de la Unidad de Respuesta de Seguridad del Batallón 606 de Gendarmería. Al respecto, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, calificó de “excesivo” la instalación de alambre de púas y el uso de vehículos blindados y personal militar.
Además de la medida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que los migrantes detenidos en la frontera serían enviados a territorio mexicano bajo el artículo 42, que permite la deportación inmediata para prevenir contagios de covid-19, luego de un fallo de la Corte Suprema el lunes.
¿Por qué esta pasando?
La administración del presidente estadounidense Joe Biden se está preparando para el título número 42, que finaliza esta semana. La secretaria de prensa Karin Jean-Pierre dijo en una conferencia de prensa que la Casa Blanca está pidiendo al Congreso más de $3 mil millones para pagar personal adicional, tecnología, detención de inmigrantes y transporte fronterizo.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ordenó que se mantuvieran las restricciones de la Sección 42 después de que algunos fiscales generales republicanos estatales dijeron que derogar la medida les costaría más si llegaban más inmigrantes.
Así, por segunda vez en menos de una semana, la justicia estadounidense ha decidido que los migrantes detenidos en la frontera deben ser deportados a México.
La semana pasada, un tribunal federal dictaminó que la administración de Biden debe continuar con un programa en México que obliga a quienes han aceptado solicitudes de asilo a esperar una audiencia en un tribunal de inmigración y la resolución de sus casos en el lado mexicano de la frontera.
