El diputado Arturo Gómez Canales presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para fortalecer el marco legal en materia de acoso sexual, hostigamiento y acoso laboral dentro del servicio público, con el objetivo de que estas conductas puedan ser investigadas y sancionadas de manera clara.
La propuesta fue impulsada junto con los diputados Andrés Velázquez Vázquez, Miguel Ángel Moreno Zamora y otras diputadas y diputados de la Legislatura, quienes plantearon reforzar las responsabilidades de las personas servidoras públicas frente a conductas que vulneren la dignidad de quienes forman parte de las instituciones.
Durante su participación, Gómez Canales señaló que situaciones de esta naturaleza durante mucho tiempo han sido consideradas asuntos personales o problemas que deben resolverse únicamente dentro de los espacios laborales; sin embargo, sostuvo que cuando afectan la dignidad de las personas también deben ser atendidas desde la ley.
La iniciativa busca diferenciar el acoso sexual, el hostigamiento y el acoso laboral, al considerar que cada conducta tiene características particulares y requiere un tratamiento específico.
Además, propone establecer responsabilidades no solo para quienes incurran directamente en estas prácticas, sino también para servidores públicos que las toleren, encubran o faciliten, así como para quienes ejerzan represalias contra las personas que denuncien o participen como testigos.
“Ningún cargo ni posición jerárquica debe utilizarse para vulnerar la dignidad de otra persona”, expresó Gómez Canales durante su intervención.
El legislador destacó que la finalidad es generar mayor certeza para investigar y sancionar estas conductas, además de contribuir a que las instituciones públicas cuenten con ambientes laborales basados en el respeto y la responsabilidad.
“Porque la responsabilidad de servir también se demuestra en la manera en que tratamos a los demás”, afirmó.
La iniciativa, respaldada por Andrés Velázquez Vázquez, Miguel Ángel Moreno Zamora, Arturo Gómez Canales y otros integrantes del Congreso local, fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis.
