Pachuca, Hidalgo.- Tras años de esfuerzo, documentación y trabajo administrativo, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) exigió el cierre definitivo de los penales distritales, a lo que el Servicio de Reinserción Social del organismo gubernamental ha hecho el cierre definitivo de cinco prisiones.
En 2016, el Consejo Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado conjunto a los estados y ciudades sobre el encarcelamiento ilegal.
En Zimapán y Metztitlán culminaron operaciones en el año de 2017, mientras que Atotonilco el Grande, Zacualtipán y Tizayuca fue en mayo, junio y julio de 2022, respectivamente.
Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicará la Recomendación General No. 28 en 2016, dirigida a estados y ciudades, que identificó con detenciones inusuales en cárceles municipales o distritales de México, el Ministro de Seguridad Pública Hidalgo emitió una decisión de cierre total.
El proceso de clausura y traslado de reclusos se llevó a cabo en cinco fases a partir del 2017 y hasta el 2022, a través de labores coordinadas entre la madre patria, el C5i Hidalgo y el Viceministerio de Reinserción Social.
Del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana, dependientes de gobiernos municipales, asentados y publicados en 2004, se menciona que en más de la tercera parte de las entidades federativas existen cárceles que albergan internos procesados y sentenciados, los cuales no dependen económica ni administrativamente de los gobiernos estatales, sino de autoridades municipales, y que generalmente no tienen instalaciones constitucionalmente adecuadas para garantizar la seguridad y llevar a cabo las actividades propias de un centro de reclusión.
