Pachuca, Hidalgo.- En el Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XII al artículo 102 de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Hidalgo.
La iniciativa es suscrita por la diputada María del Rosario Guerrero Martínez, la diputada Diana Rangel Zúñiga y los diputados Jorge Argüelles Salazar y Arturo Gómez Canales, con fundamento en la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El objetivo de la propuesta es fortalecer la protección del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes mediante la incorporación de una obligación preventiva y pedagógica para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Esta obligación está orientada a procurar y favorecer la aplicación oportuna del esquema nacional de vacunación y de acciones de salud preventiva, promoviendo la corresponsabilidad entre familias, instituciones y comunidad.
La iniciativa plantea reforzar una cultura de cuidado desde un enfoque preventivo, corresponsable y cercano a la vida cotidiana de las familias. Se establece que no se trata de imponer ni sancionar, sino de orientar y acompañar.
Se destaca que la vacunación ha sido una herramienta eficaz para prevenir enfermedades, evitar discapacidades y salvar vidas; sin embargo, en los últimos años se ha observado una disminución en las coberturas de inmunización a nivel global y nacional. Esta situación ha generado que más niñas y niños estén expuestos a enfermedades previamente controladas, debilitando la inmunidad comunitaria y aumentando el riesgo de brotes.
Entre las causas señaladas se encuentran interrupciones en los servicios de salud, desigualdades territoriales, desinformación y dificultades de acceso, lo que ha derivado en esquemas de vacunación incompletos o inexistentes en algunos casos.
La iniciativa reconoce que la salud se construye no solo en instituciones médicas, sino también en los hogares, en las decisiones cotidianas y en el acompañamiento a las familias. Por ello, se enfatiza la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad.
Desde el punto de vista constitucional, la propuesta se sustenta en el artículo primero, que establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en el artículo cuarto, que reconoce el derecho a la protección de la salud y el interés superior de la niñez. Asimismo, se alinea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la Convención sobre los Derechos del Niño.
La reforma no implica impacto presupuestal directo ni la creación de nuevas estructuras o programas, sino que busca fortalecer las capacidades existentes mediante una mayor articulación con las familias y la comunidad.
En términos prácticos, se propone que dentro del derecho a la salud y a la preservación de la vida se contemple expresamente la aplicación oportuna del esquema nacional de vacunación y otras acciones preventivas conforme a la edad y condición de niñas, niños y adolescentes, respetando las contraindicaciones médicas debidamente acreditadas.
Se subraya que esta medida, aunque puntual, tiene un alcance significativo al dar visibilidad en la ley, fortalecer su cumplimiento y contribuir a una cultura preventiva.
Finalmente, se enfatiza que proteger la salud de la infancia requiere un esfuerzo conjunto, una visión integral y una responsabilidad compartida, y que esta iniciativa representa un paso importante en esa dirección.
