Pachuca, Hidalgo.- Tras darse a conocer la inhabilitación de los ex servidores públicos: Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, ex director general de Egresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud; la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo informa que, el tiempo de duración de la inhabilitación no se fija en este momento, pero no será menor a la sentencia que determine el juzgado federal.
Lo anterior debido a que el tiempo de inhabilitación se encuentra condicionado a la resolución del juicio federal de concurso mercantil que se sigue contra Banco Accendo, el cual es un procedimiento federal de naturaleza sumaria, que define si se recuperan los recursos públicos y si existen responsabilidades adicionales.
En ese sentido, la autoridad administrativa estatal está legalmente obligada a respetar el debido proceso y la competencia federal, por lo que no puede imponer sanciones adicionales, definitivas ni cuantificar montos de daño antes de que concluya dicho juicio.
La inhabilitación administrativa dictada no sustituye ni cancela las acciones que se ventilan en otras instancias, sino que constituye una medida legal inmediata para proteger el interés público, evitar la reincorporación de personas señaladas a funciones públicas o a contrataciones gubernamentales, y garantizar que cualquier sanción posterior se emita con pleno sustento jurídico.
Es importante mencionar que la Contraloría no dicta sentencias penales ni mercantiles; su función es administrativa y ya fue ejercida conforme a derecho. La actuación administrativa se mantiene dentro del marco de atribuciones, sin invadir la esfera judicial federal, y no cancela las acciones que correspondan en otras vías.
Cabe recordar que los recursos depositados en Banco Accendo corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de origen federal. En caso de malversación, uso indebido o falta de ejecución de los proyectos para los cuales fueron destinados, dichos recursos deben reintegrarse a la Federación, momento en el cual se configura el daño patrimonial y pueden ejercerse además las acciones legales correspondientes contra los presuntos responsables.
Hasta este momento, la Federación se encuentra a la espera de la resolución definitiva del juzgado federal. Por su parte la Contraloría estatal dará seguimiento institucional hasta la conclusión del proceso judicial federal, conforme a derecho.
