PACHUCA DE SOTO, HGO. – En el marco del proceso de armonización constitucional derivado de la reforma electoral federal de 2025, el diputado José Luis Rodríguez Higareda presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que establece plazos claros y obligatorios de separación del cargo para los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional que aspiren a contender en elecciones populares.
La propuesta, que reforma los artículos 32, 63 y 128 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, busca garantizar condiciones de equidad en los procesos electorales, evitando que el uso de recursos o estructuras institucionales represente una ventaja indebida frente a otros contendientes.
La reforma establece los siguientes periodos de separación del servicio activo según el cargo al que se aspire:
· 6 meses previos a la elección para quienes busquen una diputación local.
· 90 días para aspirantes a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
· 60 días para quienes pretendan integrar un ayuntamiento.
El diputado Rodríguez Higareda subrayó que la iniciativa forma parte de la “profunda transformación” que vive el país, basada en los principios de honestidad, justicia y equidad. “El espíritu de esta reforma es claro: que nadie por portar un uniforme tenga ventajas injustas, pero que tampoco sea excluido de su derecho a participar en la vida democrática”, afirmó.
Destacó que, por primera vez, se regula de manera explícita la participación a nivel municipal, cerrando un vacío legal que había permitido en el pasado situaciones de inequidad.
El legislador enfatizó que la iniciativa no genera gasto público adicional, ni crea nuevas estructuras burocráticas. Su implementación recaerá en las autoridades electorales, dentro del marco de sus atribuciones vigentes.
“Esta reforma fortalece la transparencia y la confianza ciudadana. Cuando las reglas son claras, la gente confía en sus instituciones y las elecciones recuperan su esencia democrática”, señaló.
El diputado hizo un llamado a sus compañeros legislativos para aprobar la iniciativa, describiéndola como un acto de “reconocimiento a quienes sirven a la nación, pero también de justicia para garantizar que nadie —militar o civil— esté por encima de la ley”.
La propuesta fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictamen.
