En fechas recientes se ha observado que diferentes empresas fabricantes de dispositivos y equipos de telefonía móvil han bloqueado unilateralmente a equipos provenientes de importaciones paralelas. Éstas se refieren a los productos, dispositivos o equipos de telecomunicaciones que ingresan al territorio nacional, sin haber cumplido formalmente con el proceso de homologación el cual reconoce oficialmente que las especificaciones técnicas de equipo satisfacen las normas o disposiciones técnicas aplicables, lo que se traduce en que el producto tendrá un correcto funcionamiento en las redes de telecomunicaciones, seguridad en su uso y que no causará interferencias a otros equipos o servicios.
Reconociendo que las importaciones provenientes del denominado “mercado gris” pueden afectar la calidad en la prestación del servicio, así como la posibilidad de hacer válida la garantía con el fabricante, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han implementado campañas de sensibilización para que las personas consumidoras y usuarias tomen precauciones por los riesgos que involucra el uso de los mismos.
Sin embargo, el bloqueo absoluto de los equipos terminales bajo la forma en la cual se está llevando a cabo, afecta los derechos de los consumidores y usuarios finales. Por estos motivos, se convoca a los fabricantes a formar parte de un grupo de trabajo en el que participen los distintos actores involucrados a fin de identificar medidas e implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris, salvaguardando en todo momento los derechos de las personas consumidoras.
La PROFECO y el IFT, en apego y observancia a sus marcos regulatorios, hacen un llamado a las empresas que han implementado medidas de bloqueo a suspender dichas acciones de forma inmediata. Lo anterior con el objetivo de evitar afectaciones a los consumidores y usuarios hasta en tanto sean analizadas las medidas y acciones adecuadas que contribuyan a atender los retos regulatorios, comerciales y legales que trae consigo el “mercado gris”.
Ambas instituciones refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, dentro de sus ámbitos de competencia, con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios.
