Pachuca, Hgo. – Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a los grupos más vulnerables, el diputado Marco Antonio presentó una doble iniciativa que, por un lado, define y robustece las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, y por otro, tipifica como delito las llamadas “terapias de conversión” en el Código Penal del estado.
La primera iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, con el fin de definir claramente lo que debe entenderse por “medidas de protección”.
“Definir conceptos en la ley es fundamental para garantizar la claridad, la seguridad jurídica y la aplicación coherente del derecho”, afirmó el legislador. “Estas medidas son las acciones de carácter administrativo, judicial o urgente, adoptadas por autoridades competentes para garantizar, preservar o restituir el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Estas medidas, explicó, deben activarse ante denuncias de maltrato físico, psicológico o sexual, negligencia, abandono o situaciones de riesgo social, y pueden incluir desde la provisión de alojamiento, alimentación y apoyo psicológico, hasta la representación legal especializada.
La segunda iniciativa, de mayor alcance penal, busca integrar un nuevo capítulo de “Delitos contra la Integridad de la Identidad de Género” al Código Penal estatal. La propuesta redefine y sanciona las “terapias de conversión”, considerándolas no como simples actos de discriminación, sino como delitos graves.
“Las terapias de conversión deben considerarse como un delito porque constituyen una forma grave de violencia, incluso de tortura, y no un simple acto de discriminación”, aseveró el diputado Marco Antonio. “La diferencia legal es crucial debido a las severas consecuencias físicas y psicológicas que infligen a las víctimas”.
El legislador fundamentó la iniciativa en el principio de que la identidad y orientación de una persona no pueden ser cambiadas por decisiones de terceros, y que estas prácticas, carentes de respaldo científico y ético, equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes que atentan contra la dignidad humana.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis, discusión y posterior dictamen, con la perspectiva de convertir a Hidalgo en un estado con una legislación más robusta en la protección de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y de la comunidad LGBTTTIQ+.
