Ciudad de México.- En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que la cifra se compone de más de 53 mil millones de pesos correspondientes a juicios fiscales —como parte las auditorías ejecutadas a cuatro empresas por el SAT entre 2008 y 2018— y más de 10 mil millones de pesos por créditos fiscales.
El jefe del Ejecutivo dijo que los más de 63 mil millones de pesos de la deuda que tiene Grupo Salinas es incluso mayor que los presupuestos anuales de entidades federativas como Baja California Sur, que apenas alcanza los 21 mil millones de pesos o Tlaxcala, que recibe 18 mil millones de pesos.
Más del 90 por ciento del adeudo total está relacionado con la figura de consolidación fiscal, empleada entre 1982 y 2013 para otorgar a los contribuyentes la posibilidad de compensar ganancias y pérdidas de un sólo grupo y tener un sólo resultado y, además, permitía diferir o aplazar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero no condonaba o cancelaba las responsabilidades fiscales.
El monto original que debió pagar Grupo Salinas por 17 juicios, incluyendo siete casos de consolidación fiscal, era de 38 mil millones de pesos; este subió a consecuencia de la actualización, inflación y recargos, apuntó el titular del SAT.
El exprocurador fiscal de la federación y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que las compañías, empleando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligaría al pago de sus impuestos.
En un caso, dijo, la empresa interpuso un juicio de amparo que un tribunal colegiado intentó resolver en 2021, sin embargo, la propia corporación lo impidió al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad excepcional de atracción, lo que suspendió temporalmente la resolución del asunto.
Desde diciembre de 2022, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa y, en esta etapa, el expediente estuvo guardado casi ocho meses, sólo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Mediante una votación pública, en la que sólo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la Segunda Sala determinaron que el asunto ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales y lo devolvieron al tribunal colegiado.
La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, puntualizó los argumentos de defensa que Grupo Salinas ha utilizado en sus estrategias legales durante los juicios. Por ejemplo, las empresas usan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Además, los procedimientos y controversias que promueven, interponen recursos o medios de prueba que resultan innecesarios con la finalidad de retrasar la resolución de los asuntos.
Al respecto, afirmó que “las autoridades fiscales han acudido a todas las instancias judiciales para contestar cada una de las demandas y cada uno de los recursos que interponen”.
La información completa de los procesos fiscales, anexos y datos de los tribunales colegiados estarán disponibles en el portal del Gobierno de México, mencionó el subsecretario Medina Padilla.
El presidente López Obrador confío en que el Poder Judicial, particularmente el tribunal colegiado responsable de resolver el caso, otorgue una resolución pronta antes de concluir el sexenio.
“Lo único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud, es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede este asunto ahí, pendiente. (…) Ni modo que en seis meses no van a resolver un asunto tan importante, ¿cómo no va a ser relevante si estamos hablando del presupuesto de un estado de la República?”, planteó.
Reafirmó que la exposición de la deuda de las empresas de Salinas Pliego con la Hacienda pública no tiene el propósito de afectar, sino de impedir la condonación de impuestos a grandes empresas y erradicar la corrupción.
“No estamos en contra de los empresarios, no todo el que tiene es malvado. Al contrario, el empresario que invierte, que genera empleos, merece respeto; contribuye al desarrollo del país. Nosotros estamos en contra, siempre lo hemos dicho, de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción. Yo cada vez estoy más convencido que el principal problema de México era la corrupción y, si hemos podido avanzar, se debe a que estamos limpiando de corrupción el gobierno”, enfatizó.
