Pachuca de Soto, Hgo. – Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, proteger el patrimonio estatal y recuperar la confianza ciudadana, el Diputado Francisco Javier Téllez Sánchez presentó ante el Pleno del Congreso de Hidalgo una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que busca establecer sanciones proporcionales al daño causado, incluyendo la inhabilitación permanente para servidores públicos que cometan faltas graves.
El legislador fundamentó la urgencia de la modificación con datos concretos que revelan un panorama preocupante en la administración pública estatal:
· Según el informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (Cuenta Pública 2023, Tercera Entrega), existe un monto pendiente por solventar de $346 millones 135,395.18 pesos, correspondiente a observaciones por errores, omisiones y deficiencias en los controles.
· La Contraloría del Estado ha impuesto, en lo que va de la actual administración local, 180 sanciones administrativas.
· El Instituto de Transparencia del Estado (ITAIH) ha aplicado 103 multas a servidores públicos por reincidir en el incumplimiento de obligaciones de transparencia.
“Estos datos no son hipótesis, son realidades que ya tienen impacto en la vida de nuestra gente. Cuando las sanciones no resultan suficientemente fuertes, el daño no solo se consuma, sino que se reincide y la ciudadanía pierde fe en que la ley proteja sus bienes comunes”, afirmó el diputado Téllez Sánchez.
Puntos centrales de la iniciativa:
La reforma propuesta modifica el Artículo 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para introducir criterios sancionatorios más claros y severos:
1. Inhabilitación Temporal: Se gradúa según la magnitud del daño patrimonial.
· De 1 a 10 años si el monto de la afectación no excede de 200 veces el valor diario de la UMA.
· De 10 a 20 años si el monto excede de 200 y llega hasta 500 veces el valor de la UMA.
2. Inhabilitación Permanente: Se propone como una nueva sanción aplicable cuando el monto de la afectación por una falta administrativa grave exceda de 500 veces el valor diario de la UMA. Esta sanción impediría desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, así como participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas de manera definitiva.
El diputado Téllez enfatizó que el objetivo no es únicamente castigar, sino actuar como un elemento disuasorio efectivo: “Lo hacemos como garantía de que quienes ejercen el servicio público lo hagamos con plena conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos ante quienes nos financian con el dinero público”.
Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores para revisar la iniciativa con sensibilidad, técnica y diálogo, pero también con la firmeza que exige la ciudadanía. “Podemos hacer que la ley de Hidalgo no deje cabos sueltos para la impunidad, sino que sea un instrumento de justicia administrativa real. Al hacerlo, estaremos haciendo historia legislativa y dando un sentido real al mandato popular”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictaminación.
