Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se investigará y, bajo la política cero impunidad, los responsables serán castigados.
El Gobierno de México, dijo, informará periódicamente sobre la recuperación de recursos y procesos legales contra funcionarios y responsables de operaciones irregulares con recursos del pueblo.
“Este caso lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad, por eso vamos a estar informando a todos los mexicanos y también mandando el mensaje a todos los servidores públicos”, subrayó.
El mandatario explicó que el fraude en Segalmex consistió en la colocación de dinero público en bonos a través de casas de bolsa —que en realidad eran empresas creadas para robar—, las cuales supuestamente ofrecían mayores intereses.
“En el caso de estas cajas de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias”, enfatizó.
En conferencia de prensa matutina, el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer que se han recuperado 809.8 millones de pesos en tres vertientes: 800 millones de pesos en certificados bursátiles; 5.2 millones de pesos por intereses generados por certificados bursátiles y 4.6 millones de pesos por procesos de conciliación.
El trabajo coordinado de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Función Pública, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Seguridad Alimentaria Mexicana, se enfoca en obtener pruebas que sustenten las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Pese a que los responsables intentaron ocultar pruebas, sustrayendo dolosamente los originales de los archivos centrales, la federación logró recuperar un millón 200 mil documentos y facturas.
“El dinero fue recuperado y reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses; los intereses restantes están en proceso de recuperación. Es importante enfatizar que, sin este esfuerzo coordinado, nunca se hubiese podido obtener las pruebas para proceder penalmente en contra de los responsables que intentaron ocultar la información, pero no les fue posible”, apuntó.
Al momento se registran 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República: 55 presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa; cuatro, por la Procuraduría Fiscal de la Federación; nueve, por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública.
Las denuncias involucran a 87 personas: 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculadas a la malversación de recursos.
Entre los delitos relacionados con el desfalco se encuentran delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, captación irregular de recursos y enriquecimiento ilícito. Además, derivado de las inversiones bursátiles de alto riesgo, se denunció por compra de bonos basura con dinero público.
El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, detalló que la recepción de denuncias penales asciende a un total de cien de diferentes dependencias federales y ciudadanas, cifra que no necesariamente representa el número de casos específicos sino que algunos coinciden en la naturaleza de los hechos.
Hay 32 carpetas de investigación en trámite; de ellas, existen cinco judicializadas relativas a siete casos; 49 órdenes de aprehensión obtenidas contra 44 personas por delincuencia organizada, defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Por cumplimiento de orden de aprehensión, 26 personas están detenidas y 19 vinculadas a proceso.
El secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, puntualizó que el monto de irregularidades es de 9 mil 500 millones de pesos y no de 15 mil millones de pesos, como se ha publicado en diversos medios de comunicación.
Tras las observaciones determinadas por la SFP y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas 2019 y 2020, mencionó que se trata de señalamientos que corresponde aclarar a Segalmex y aún no pueden ser considerados como daños patrimoniales.
“Son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad”, explicó.
Actualmente, las evidencias adicionales son aportadas por Segalmex, Liconsa y Diconsa. Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación turnado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía General de la República, según corresponda.
Acompañado del director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño, el jefe del Ejecutivo afirmó que este caso no afecta el abasto de alimentos como maíz, frijol, azúcar y leche, de modo que las tiendas Liconsa y Diconsa instaladas en comunidades marginadas del país tienen suficientes insumos.
