Pachuca de Soto, Hidalgo.- En sesión ordinaria, diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura avalaron con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, la minuta que reforma los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del denominado plan B electoral.
La legisladora Diana Rangel Zúñiga (Morena) explicó que esta propuesta indica que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías.
Además, detalló que en ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato, unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta.
Por otro lado, las constituciones estatales deberán esclarecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad correspondiente.
La diputada Karla Perales Arrieta (MC) aseguró que esta no es una reforma electoral, “es una reforma administrativa, que no hace algo nuevo en el sistema electoral mexicano. Es una iniciativa acotada, limitada, que se queda en lo administrativo y que no resuelve los problemas estructurales que enfrenta nuestra democracia”.
La legisladora Hilda Miranda Miranda (Morena) respaldó la minuta y mencionó: “esta disposición no es menor, representa un cambio de forma de ver el ejercicio del Poder Legislativo, no como un espacio de privilegios, sino como un instrumento de servicio del pueblo, sujeto a una disciplina financiera y criterios de utilidad pública”.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) manifestó su preocupación por esta reforma que toca el andamiaje y la composición de los municipios. “Y la integración, por ejemplo, del número de regidores deberá tener un impacto en la propia participación de los pueblos indígenas, sobre todo en un estado como Hidalgo, donde un buen porcentaje de la población requiere esa representación en los cabildos”.
El legislador Juan Pablo Escalante Urbán (Morena) aseveró que establecer un máximo de síndicos y regidores “permitirá no solo ahorrar recursos públicos, también hacer más eficiente el trabajo de los ayuntamientos. Históricamente, estos cargos han servido como botines políticos donde se asignan cuotas con la finalidad de vivir del presupuesto por tiempo indefinido alternándose entre amigos, familiares y allegados leales”.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) manifestó: “quiero decirles que sí sirve analizar las iniciativas, sí sirve tener el documento con tiempo. Porque en el Senado (la minuta) se modificó, en el Congreso de la Unión también, pero aquí en el estado de Hidalgo eso no pasa”.
El legislador Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) indicó que con esta minuta “estamos poniendo orden, eliminando excesos, asegurando que el dinero público regrese a donde debe de estar: en el pueblo. Lo hacemos con claridad y convicción, porque sin duda tenemos que fortalecer al municipio”.
El diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) precisó que una democracia fuerte no necesita privilegios, “más bien necesitamos instituciones serias, eficaces y cercanas a la ciudadanía. Y si hay gastos que puedan ordenarse para eliminar excesos, pues entonces hay que hacerlo”.
La legisladora Diana Rangel Zúñiga (Morena) aseguró que: “estamos abonando por un gobierno con austeridad republicana y se tiene que implementar en cada uno de los niveles de gobierno. Estamos abonando para que ese recurso público se pueda ahorrar y destinar a lo que más se necesita, que es la infraestructura pública en cada uno de los municipios”.
La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) informó que Nueva Alianza Hidalgo votará a favor de este proyecto que “lamentablemente llegó incompleto al proyecto original de la presidenta Claudia Sheinbaum”.
En réplica, la legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) lamentó que los aliados y correligionarios de Morena no apoyaran a la presidenta de México con el tema. “El discurso mediático y popular de que iban a quitar los diputados plurinominales, hoy está en el limbo”.
En contestación, la diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) recordó que esta reforma también habla de la disminución del 15 por ciento en el Senado de la República, que va a ser paulatino. “También habla de la disminución de privilegios a las consejeras y consejeros electorales”.
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) indicó que “tenemos un reto en Hidalgo. En los días que sobran de abril y los que faltan de mayo. Tenemos la consulta indígena y la homologación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el rezago de iniciativas. Pero tenemos mes y medio para el tema electoral”.
Finalmente, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) consideró que “este tema no tendría que dividirnos en el discurso, porque aquí en el Congreso no hay excesos. No llegamos a ese 0.70 por ciento del presupuesto”.
Fortalecimiento a las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes
También avalaron con 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que aprueba con modificaciones las iniciativas que reforman la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Asistencia Social, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, todas del Estado de Hidalgo, en materia de fortalecimiento a las medidas de protección y creación de las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
En presencia de la presidenta del patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, la legisladora Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena), una de las y los promoventes del dictamen, explicó que estas iniciativas buscan dotar de garantías más amplias a las niñas, niños, adolescentes y a la familia hidalguense, establecer medidas especiales de protección, la creación de las procuradurías municipales y la integración de lo que debe entenderse por medida de protección.
