Pachuca, Hgo.– Con visión de justicia social y protección a la niñez, la diputada Karla Perales Arrieta, presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia en el Congreso del Estado de Hidalgo, presentó ante el pleno una propuesta de acuerdo económico para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a armonizar sus legislaciones en materia de pensiones alimenticias.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que el objetivo principal de esta propuesta es garantizar el cumplimiento del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, establecido en la reforma publicada el 8 de mayo de 2023 en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Karla Perales recalcó que la falta de armonización legislativa ha impedido la operatividad de este Registro, pues en muchos estados no se ha adecuado el marco normativo que permitiría a los tribunales de justicia proporcionar la información requerida. Esta omisión, advirtió, deriva en desprotección jurídica y perpetúa la violencia económica hacia mujeres y menores, lo cual debe considerarse una forma de violencia de género.
“Cuando los congresos locales no legislan en tiempo y forma, las disposiciones federales pierden eficacia. No podemos permitir más indiferencia institucional ante una realidad que vulnera el desarrollo de nuestras niñas y niños”, expresó.
Perales recordó que, desde hace más de tres décadas, la Convención sobre los Derechos del Niño reconocía la necesidad de garantizar una alimentación adecuada. Sin embargo, actualmente muchos menores no acceden a una nutrición suficiente debido a la omisión en el pago de pensiones alimenticias, una situación que además pone a las madres en estado de maltrato e incertidumbre.
“La piedra angular en el desarrollo de la infancia es una buena nutrición. No podemos seguir maternando solas, calladas y sin dinero”, sentenció desde tribuna.
El acuerdo económico presentado solicita específicamente a los congresos estatales que armonicen sus leyes conforme al artículo transitorio tercero del decreto correspondiente, con el fin de permitir la implementación efectiva del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
La propuesta fue sometida a la consideración del pleno con el firme compromiso de transformar la ley en una herramienta real de justicia, y no en una aspiración vacía. “Queremos justicia, no más simulaciones. Que la ley se cumpla, por nuestras hijas e hijos”, concluyó.
