Derivado del conflicto suscitado en Huejutla entre habitantes de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo e integrantes del grupo bautista, se solicitó la intervención del gobierno de Hidalgo para su resolución.
La atención y respuesta se consolidó con la firma de un convenio, donde se asentaron siete acuerdos que incluía la reincorporación de los integrantes de los bautistas a sus comunidades; además, las partes inviolucradas se comprometieron a respetar el derecho a la libertad de culto.
El grupo Bautista reconoció no haber realizado las faenas que por uso y costumbre se instauraron en las comunidades, por lo que se comprometieron a realizar el pago correspondiente.
El convenio fue signado por Genaro Oropeza Hernández, delegado auxiliar municipal de Coamila; Gervasio Robles Hernández, delegado auxiliar municipal de Rancho Nuevo; Rogelio Hernández Baltazar, representante del grupo bautista de Rancho Nuevo, y Juan Nicolás Hernández Solórzano, representante del grupo bautista de Coamila.
En ese contexto, el licenciado Arturo Durán Rocha, notario público número 2 de Huejutla de Reyes, asentó en instrumento público, de fecha 3 de octubre de 2024, la fe de hechos donde se constató que las viviendas de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, así como una casa de oración, se encontraban en condiciones para el retorno de las personas del grupo bautista.
Sin embargo, intereses políticos han opacado estos acuerdos pues, simpatizantes de un grupo religioso vinculado a un partido político ha intentado convencer a los bautistas de desistir de los mismos y no integrarse a sus comunidades como acordaron, con la intención de alegar desinterés del gobierno estatal en la resolución del conflicto.
