Esta mañana Santiago Nieto Castillo, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), y la diputada local Lisset Marcelino Tovar, presentaron en las instalaciones del Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal estatal y tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con base en los principios de cero impunidad y alto a la corrupción, con los que se rige la presente administración en la entidad, se trabajó en la estructura del proyecto con el que se buscan herramientas jurídicas para investigar y combatir de manera efectiva el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el documento presentado en una conferencia de prensa y posteriormente ingresado al Congreso del Estado de Hidalgo, se plantea el tipo penal como autónomo, por lo que no se requiere acreditar previamente el ilícito de origen con el cual se obtuvieron los recursos, derechos o bienes, sino que basta con tener indicios fundados que proceden directa o indirectamente de la conducta de origen.
El documento incorpora a su modificación dos agravantes:
Si esta conducta es cometida por servidores públicos, las sanciones van desde la inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del sector público, así como cuando se sirva de personas menores de 18 años de edad, quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.
Estas acciones fortalecerán el combate a la corrupción, ya que gracias a la intervención oportuna de las autoridades competentes, se pueden aplicar estrategias para identificar el ilicitico, así como aplicar eficazmente las medidas preventivas y punibles que correspondan.
Las sanciones establecidas para este delito, van de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, dichas penas aumentarán en una mitad cuando la conducta sea cometida por personas servidoras públicas.
El jefe del despacho de la PGJEH Santiago Nieto Castillo, enfatizó que dicha propuesta, está encaminada a darle continuidad a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que está creado para combatir el lavado de activos y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, grupo del cual México forma parte desde el año 2000.
Con estas acciones, Hidalgo se suma a las entidades que establecen estrategias de investigación para el delito de lavado de activos, narcomenudeo entre otros ilícitos, de igual forma le da continuidad al proyecto del gobernador Julio Menchaca, en materia de extinción de dominio y la generación de recursos para devolverle al pueblo lo robado.
Nieto Castillo, aseveró que la Procuraduría tiene como objetivo ampliar las sentencias condenatorias y estar a la vanguardia con las estrategias de investigación bajo los estándares internacionales, que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica aplica para sus indagatorias.
Por su parte, la diputada local Lisset Marcelino Tovar, señaló que la iniciativa presentada tiene una gran relevancia para Hidalgo, pues a través de ella, se fortalecerá la norma penal para poder seguir combatiendo de manera directa a la corrupción, un mal que tanto daño le ha hecho al país y a nuestra sociedad.
También agregó que está plenamente convencida de que el trabajo coordinado entre poderes es la mejor vía para avanzar en la construcción de un estado más próspero y justo.
